“La dictadura militar, 1976-1983”

  

Para señalar los factores centrales que explican el consenso inicial del gobierno militar, es preciso contextualizar la realidad de nuestro país. El último tiempo del gobierno de Isabel Perón estuvo caracterizado por el desgaste y la deslegitimación, los que se manifestaban en el descontento social y en la permanente amenaza conspirativa de los militares. El país se encontraba sumergido en una profunda crisis económica y política, dentro de un contexto internacional poco favorable.

Las Fuerzas Armadas intervinieron en la vida institucional argentina, contando con la aceptación de diversos sectores como la Iglesia, algunos partidos políticos, empresarios y medios de comunicación, incluyendo a la misma la sociedad. Por lo tanto, esto le dio al régimen cierta LEGITIMIDAD de origen a la intervención de los militares en la vida política del país, que entre 1930 y 1983, se acentuó progresivamente, representando para la sociedad una alternativa viable. Por otra parte, esto se sintetizaba en una escasa convicción en los valores de la democracia y una pérdida de legitimidad del orden constitucional.

            Otro factor que explica el consenso inicial está ligado al aspecto anterior, y se encuentra en el  CONTEXTO INMEDIATO  al golpe. Legitimada históricamente su intervención, la opción militar se hacía cada vez más fuerte en una situación que se tornaba cada vez más crítica. Como mencionaba al inicio, en los últimos tiempos del gobierno peronista, el descontento de la población aumentaba en la misma proporción que el desconcierto, provocado por el caos general (económico, político, social y guerrillero. Esto hacía que la figura de las Fuerzas Armadas cobrara un mayor protagonismo y consentimiento sobre un “orden” militar.

         Una vez al mando del Poder Ejecutivo, el nuevo gobierno defacto inició el período conocido como “Proceso de Reorganización Nacional”. Su objetivo central era realizar una intensa reestructuración del cuerpo social y del Estado. Además, se realizó una profunda militarización del Estado, que abarcó no sólo la administración central, sino también los organismos descentralizados, las provincias, los municipios y las empresas estatales. Por lo tanto:

* Se conformó un cuerpo colegiado, la Junta Militar, a fin de realizar un reparto equitativo de poder y evitar cualquier personalización del mismo.

* Se designó a la Junta Militar como suprapoder de la Nación y órgano supremo del Estado, por encima de la Constitución Nacional. Ésta sería la encargada de elegir al Presidente de la Nación.

* Intervino al Poder Judicial y suprimió las cámaras legislativas. En su lugar, instituyó una Comisión de Asesoramiento Legislativo.

* Intervino todas las instituciones de gobierno. Las Fuerzas Armadas tenían el monopolio de toda decisión política.

* Disolvió todos los partidos políticos y todo tipo de actividad gremial.

* Suprimió las libertades públicas de los ciudadanos.

* Impuso el estado de sitio, instaurado por el gobierno anterior.

* Promulgó la pena de muerte para las acciones contra la patria, aunque nunca llegó a aplicarse.

* Una vez nombrado Videla como Presidente de la Nación, se dio a conocer públicamente sus objetivos básicos:

+ Restituir los valores esenciales del Estado;

+ Erradicar la subversión;

+ Promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y

participación de los distintos sectores;

+ Posteriormente, instaurar una democracia, republicana, representativa y federal,

adecuada a la realidad y exigencias de soluciones y progresos del Pueblo Argentino.

        Así, se articulaba el disciplinamiento social, que incluía reestructuración del sistema político, con una trasformación económica.

  

3            Tiempo antes del golpe militar, el gobierno constitucional realizó de forma oficial el ingreso de una de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la insurgencia, promoviendo la “aniquilación de la subversión”.

            

            La toma del poder por parte de los militares, implicó inmediatamente una profunda radicalización de sus acciones violentas. La represión, convertida en su objetivo central, mutó hacia una acción sistemática desde el Estado y la destinataria del terror fue la sociedad. Desde el primer momento ésta fue el blanco donde pretendió calar el miedo extremo que no sólo tuvo el objetivo de CONTROLAR, sino también de CAMBIAR A LOS ACTORES SOCIALES. De esta forma, el terror se vuelve una técnica de desorientación que apunta a privar a los sujetos de la oportunidad de calcular y prever las consecuencias de sus acciones. Su efecto principal es la generación de una “cultura de miedo”.

                

                El gobierno militar implementó su acción en dos frentes. Por un lado, el militar y por el otro, el económico, que implicaba terminar con el modelo de sustitución de importaciones y así desterrar definitivamente el sistema obrero industrial consolidado bajo el gobierno peronista.

       José Martínez de Hoz, Ministro de Economía durante la dictadura militar,  se propuso terminar con el modelo redistribucionista que propiciaba una fuerte presencia estatal sustentando a una organizada clase trabajadora y a un sector empresario de orientación internista. En un primer momento, el Ministro y su equipo implementaron una serie de medidas de devaluación y control de gastos públicos. Esto logró que la situación económica mejore levemente. Entre las medidas tomadas, pueden citarse:

·        Se liberaron las tasas de interés y se puso en manos de los bancos la decisión de la asignación de créditos, estableciendo las primeras reglas del mercado para el sector financiero interno.

·        Se aplicaron medidas monetarias restrictivas que trajeron como resultado un rápido aumento de las tasas de interés.

·        Invirtió en grandes obras públicas. La “patria contratista” consistió en un mecanismo de privatización  de redirección selectiva de contratos para obras públicas y desarrollo bélico hacia empresas privadas con estrecha vinculación con el gobierno.

·        Produjo una competencia de productos externos con el sector industrial interno, hasta entonces protegido.

·        Se logró someter a los formadores de precios internos y al sector asalariado al carácter subordinante del mercado e iniciar un proceso de desindustrialización del sector industrial medio.

                 La implementación del nuevo método económico trajo aparejado el aumento en las tasas de interés, provocando una consecuencia devastadora para la inversión productiva ya que resultaba   más beneficioso volcar el capital en la especulación y la ganancia financiera que en el sector industrial. Además, las altas tasas encarecieron el crédito externo para  las inversiones industriales, y posibilitaron un gran endeudamiento al atraer capitales extranjeros volátiles de carácter especulativo.

                El modelo de economía de Martínez de Hoz hizo que se adquiriera grandes préstamos en el exterior, subsanando desfasajes en la balanza de pagos y engordando las reservas del Banco Central. Se generó un sistema de especulación y bonanza crediticia. Los cambios tendieron a controlar la inflación. Al verse afectado el papel de control del Estado, en relación al manejo de transferencia intrasectoriales, y ceder progresivamente en su acción distribucionista a favor de los empleados, se logró el deterioro del salario real para los trabajadores. A esto debía sumarse el contexto represivo funcional al plan económico. La tasa de desocupación creció progresivamente.

           A pesar de las medidas tomadas, el proceso inflacionario produjo una sobrevaluación cambiaria. El atraso cambiario provocó una mayor estimulación a la invasión de artículos  externos, perjudicando a las industrias nacionales (fueron despojadas de la protección estatal y de sus beneficios crediticios e impositivos) que debieron cerrar sus puertas. Se produjo el fenómeno “plata dulce” y “bicicleta financiera”. Este último era facilitado por la “tablita”, que aseguraba la previsibilidad a la especulación. Así se fugaron del país miles de millones de dólares.

               Las medidas tomadas también provocaron la desindustrialización selectiva, donde solo se beneficiaron grandes industrias de bienes intermedios y de capital concentrado perteneciente a rubros como la celulosa o siderurgia, entre otros.

             Argentina fue el país de la región en que más tardíamente concretó su internacionalización     financiera y el que más velozmente se endeudó. También fue el país que menos inversiones   productivas tuvo. De tal manera, el endeudamiento externo se constituyó como una inédita   apropiación de excedentes por parte de una minoría que posibilitó el saqueo del Estado a gran    escala. A partir de 1979 la deuda externa de Argentina comenzó a crecer escandalosamente.

           Hacia febrero de 1981, el plan económico había caído en un proceso de profunda crisis que terminaría con el mandato de Videla y el alejamiento definitivo de  Martínez de Hoz del Ministerio  de Economía.

                   Como ya fue mencionado, el nuevo gobierno implementó su acción en dos frentes. Por un lado, el económico y, por el otro, el militar, tendiente a barrer con los actores que, dentro de la población, se comportaban subversivamente. El cambio fundamental consistió en la erradicación y modificación absoluta de los sustentos estructurales e institucionales de los sectores populares. Por lo tanto, el aniquilamiento, desaparición y tortura de personas, se reubicó a la clase trabajadora, política e institucionalmente en una posición subordinante. No solo se coartó a las organizaciones políticas y corporativas mediante la limitación jurídica, sino también una reforma económica que suprimió las posibilidades funcionales de su posible desarrollo a futuro. En consecuencia, la economía sirvió a un plan político de disciplinamiento social.